En
toda sociedad donde se construye democracia, debe existir debate, discusión, crítica
y propuestas. La elaboración de la
primera Constitución de la Ciudad de México, es sin duda alguna, el espacio donde se hace pública esa discusión
y donde las propuestas, más aun, aquellas que se refiere directamente a la
esfera de los derechos humanos de los habitantes de esta Ciudad, donde deben
discutirse, sin prejuicios ni descalificaciones, siempre desde una perspectiva crítica,
objetiva, a favor de la justicia social y de los derechos humanos.
Los
integrantes del Colectivo Humanistas Nelson Rolihlahla Mandela reprochamos que
la propuesta del artículo 21 inciso C fracción VII del proyecto de Constitución
de la Ciudad de México, relacionada con la propiedad pública de la plusvalía de
los bienes inmuebles, haya sido severamente criticada, a grados de un discurso
temeroso, intransigente, que recordara la visión del ex Senador de los Estados
Unidos Joseph Raymond McCarthy, cuando éste hace más de sesenta años, acusaba y
censuraba a las personas, por sus “ideas comunistas”.
El “comunismo”,
el “socialismo”, “chavismo”, son ideas que no deben ser anticipadamente
descalificadas, ni ser representativas de la confusión, el odio; no debe ser jamás
la irracionalidad la que predomine en el debate público, ni tampoco debe
subestimarse la responsabilidad del Estado para promover y garantizar, el
respeto a los derechos humanos de carácter social, económico y ambiental.
La
Ciudad de México, cuenta aproximadamente con 2.5 millones de viviendas, pero no
en todos los casos, los poseedores de dichas viviendas, son propietarios. Persiste
la inseguridad jurídica de los poseedores de las viviendas en nuestra Ciudad, de
personas que habitan en sus casas, pero que no pueden “regularizar” sus
derechos de propiedad, debido a problemas sucesorios, de escriturarización o
tenencia de la tierra. Consideramos que un gobierno no puede atentar contra los
derechos de propiedad, cuando éste, no ha implementado las políticas públicas
para garantizar la efectividad y el respeto de este derecho. A nadie pues, se
le puede privar, de lo que no tiene. Antes que cobrar plusvalía a la propiedad
privada, es requisito sine qua non, que todos, tengan propiedad privada.
Los
miembros del Colectivo Humanistas Nelson Rolihlahla Mandela, consideramos
también, que el Gobierno de la Ciudad de México, debe de promover los derechos
humanos, así como de prevenir, las violaciones que puedan hacerse a las mismas.
Manifestamos
nuestra adhesión que toda legislación, elaborada por el Constituyente de la
Ciudad de México, como también, la de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, debe ser acorde con el respeto absoluto de los Derechos Humanos, plasmados
estos, en los Lineamientos del Protocolo de Actuación emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Instrumento judicial, orientador de los criterios
judiciales, que previene las consecuencias económicas y sociales, de los fenómenos
de neoextractivismo.
El
cobro de plusvalía es un tema que debe debatirse, más que censurarse;
coincidimos todos, que ninguna acción legislativa debe implementarse en contra
de los propietarios, pero también, manifestamos nuestra preocupación, a los
riesgos de futuras “burbujas inmobiliarias”, de la especulación inmobiliaria que profundiza las desigualdades sociales, de las enormes inversiones convertidos en los proyectos de
desarrollo e infraestructura, que tengan como consecuencia, romper el tejido social
en aras de una inhumana y vulgar mercantilización, que termine con el desalojo masivo de
los habitantes originarios de los pueblos, barrios y colonias de esta Ciudad.
Finalmente,
el Colectivo Rolihlahla, recordamos a Nelson Mandela, cuando este dijo “La pobreza no es natural, es creada por el
hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos y erradicar la pobreza no es un acto de
caridad, es un acto de justicia”.
La Ciudad de México, debe pues, ser una ciudad de
libertades, de respeto pleno a la propiedad privada y también desde luego,
donde no exista la desigualdad social. La
Plusvalía pues, no debe ser impuesta a la inmensa mayoría de los propietarios
de esta Ciudad que contribuyen diariamente a la riqueza de nuestra urbe; no
puede quitársele más a los pobres y a la clase media de esta ciudad capital; tampoco
consideramos debe quedar plasmada en
Constitución de la Ciudad de México. La misma, a consecuencia de un debate serio e informado, debe ser reglamentada en
leyes secundarias, donde se establezcan cuantías, periodos y grupos de contribuyentes
determinados; y hacerlo también de forma, transparente, sólo y únicamente en aras de la
distribución social de la riqueza. Mandato reconocido, en el artículo 27
constitucional.
